WHISTLEBLOWING – Krino s.r.l

El whistleblowing es una herramienta que permite a las personas que trabajan en una organización pública o privada informar de forma anónima sobre una infracción “de disposiciones normativas nacionales o de la Unión Europea que afecten al interés público o a la integridad de la administración pública o de la entidad privada, de la que hayan tenido conocimiento en un contexto laboral público o privado” (artículo 1, apartado 1 del Decreto Legislativo 24/2023).

El Decreto Legislativo 24/2023 establece la obligación de activar un canal de denuncias relativo a comportamientos, actos y omisiones que perjudiquen el interés público o la integridad de la administración pública o de una entidad privada. Ejemplos de denuncias incluyen infracciones administrativas, contables, civiles o penales, conductas relevantes según el Decreto Legislativo 231/2001 o infracciones en los ámbitos de: terrorismo; seguridad y conformidad de productos; seguridad del transporte; protección del medio ambiente; radioprotección y seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y piensos y salud y bienestar animal; salud pública; protección de los consumidores; protección de la vida privada y de los datos personales y seguridad de redes y sistemas de información. Nuestra plataforma protege la confidencialidad de la identidad y los datos personales de quienes denuncian conductas ilícitas.

Denuncia interna: la comunicación, escrita u oral, se presenta a través de un canal interno específico dentro de la organización pública o privada. Este canal de denuncia debe garantizar la confidencialidad de la identidad de la persona denunciante, de la persona implicada y de la persona mencionada en la denuncia, así como del contenido y la documentación correspondiente.
Denuncia externa: la comunicación, escrita u oral, se realiza a través de un canal externo, establecido por la ANAC (Autoridad Nacional Anticorrupción), que también debe garantizar las mencionadas protecciones de confidencialidad;
divulgación pública: la información sobre infracciones se hace pública a través de la prensa o de medios electrónicos, o en cualquier caso mediante medios capaces de alcanzar a un gran número de personas. La persona denunciante se beneficia de la protección prevista por el decreto solo si: se ha realizado una denuncia interna o externa, y no se ha recibido respuesta sobre las medidas previstas o adoptadas para dar seguimiento a las denuncias; la persona denunciante tiene motivos razonables para creer que la infracción puede representar un peligro inminente o evidente para el interés público; la persona denunciante tiene motivos razonables para creer que la denuncia externa puede conllevar un riesgo de represalias o no ser seguida de manera efectiva (por ejemplo, por el riesgo de que las pruebas sean ocultadas o destruidas).